Compromís per Santa Pola presenta una moción para denunciar la «derrama» que el gobierno del Estado quiere aplicar a los agricultores

La prolongada sequía que se vive en gran parte de la Península Ibérica está causando graves problemas en los aprovechamientos de los recursos hídricos de algunos territorios y, de manera especial, en los usos agrícolas de regadío en una amplia zona que abarca el sur de la provincia de Alicante en la Comunidad Valenciana, una buena parte de la Región de Murcia, así como el noreste de la provincia de Almería en Andalucía.
Esta situación, que no es nueva, se está convirtiendo en angustiosa para decenas de miles de familias y para una actividad económica de gran repercusión social debido a las tardanzas de la Administración en realizar las inversiones necesarias para encontrar suficientes recursos alternativos, y en aquellas dirigidas a mejorar los aprovechamientos.
A esto se suma el devastador efecto que podría tener, si se llegara a aplicar, la Resolución de 13 de junio de 2017 (BOE del 17) de la Dirección General del Agua, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 9 de junio de 2017, sobre aprobación de las nuevas tarifas para aprovechamiento del trasvase Tajo-Segura, que prevé un mecanismo inédito en los 38 años de funcionamiento de esta infraestructura y que representaría un coste anual (se riegue o no se riegue) de unos 120 euros por hectárea. Una carga injusta y arbitraria que recaería sobre los ya agotados recursos de los regantes.
Por todo ello, Compromís per Santa Pola presentará en el Pleno ordinario de octubre una moción para exigir al gobierno del Estado que no aplique esta «derrama» a los agricultores por ser injusta, arbitraria y porque puede suponer un gran golpe a decenas de miles de familias con unos recursos cada vez más limitados. Además, pedimos que se ejecuten de una vez las inversiones que llevan años paralizadas, como la modernización y racionalización de regadíos, y las dotaciones alternativas mediante la desalinización o la desalobración de las aguas depuradas. Un ejemplo claro es la desaladora de Torrevieja, la más grande de Europa, que no ha llegado a funcionar nunca a más del 30% de su capacidad porque necesita la instalación de una línea eléctrica de media tensión.

 

 

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